La propuesta de reforma constitucional en materia energética, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca reconfigurar el panorama energético mexicano, con el objetivo central de fortalecer la soberanía energética y garantizar el acceso a la electricidad a menor costo para todos los mexicanos. La iniciativa, que busca modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, se sustenta en la premisa de que la energía es un derecho fundamental y un bien estratégico para el desarrollo del país.
La reforma se presenta como una respuesta a lo que el gobierno considera como un modelo energético neoliberal que priorizó la inversión privada sobre el interés público, lo que, según la narrativa oficial, condujo a un incremento en los precios de la electricidad y una reducción en la seguridad energética.
Reforzando el papel del Estado en el sistema eléctrico nacional
La piedra angular de la reforma es el reforzamiento del papel del Estado en el sistema eléctrico nacional. Se busca establecer que la planeación y el control del sistema eléctrico no son monopolios, sino actividades que el Estado debe ejercer de forma exclusiva. La lógica detrás de esta medida es la de garantizar la seguridad energética y la autosuficiencia del país, asegurando que la población tenga acceso a electricidad al menor precio posible.
Se busca erradicar lo que el gobierno considera como una privatización excesiva del sector energético, la cual, según su argumentación, ha generado ineficiencias y un incremento en los costos para el consumidor final. El Estado busca recuperar el control del sistema eléctrico nacional, estableciendo una política de precios y de inversión que privilegie el interés público sobre el privado.
Acceso a Internet como Servicio Público
La reforma también incluye una disposición crucial para reconocer al internet como un servicio público estratégico. La idea detrás de esta medida es garantizar que la población tenga acceso a este servicio vital para la educación, la cultura, la economía y la información.
Al considerarlo un servicio público, el gobierno busca garantizar la accesibilidad y la asequibilidad de internet para todos los mexicanos. Se pretende evitar que la población carezca de esta herramienta fundamental para el desarrollo individual y social, especialmente en un contexto de creciente digitalización.
Priorizar el interés público sobre el privado
La reforma busca establecer una clara priorización del interés público sobre el privado en la industria eléctrica. Se busca evitar que las empresas privadas tengan prevalencia sobre la empresa pública, y que la justicia social sea el principio rector en la participación de los particulares en el sector energético.
La iniciativa busca establecer un marco regulatorio que garantice que las decisiones en materia energética se tomen en función del beneficio social y no del lucro individual. La reforma busca establecer un sistema de control estatal sobre la industria eléctrica para evitar que las empresas privadas operen de manera descontrolada y con una mentalidad de lucro a expensas del bienestar de la población.
Eliminar conceptos neoliberales
La reforma busca eliminar conceptos considerados neoliberales como la definición de «empresa productiva del estado» y la obligación de que las empresas públicas se guíen por las «mejores prácticas». Se busca eliminar estas restricciones que, según la narrativa oficial, limitaban la capacidad de acción del Estado en el sector energético.
Al eliminar estas definiciones, se busca permitir al Estado un mayor control y flexibilidad en la gestión del sistema eléctrico nacional, permitiéndole actuar de forma más eficiente y efectiva para garantizar el acceso a la energía eléctrica a un precio accesible para la población.
Retomando la soberanía energética
En resumen, la reforma busca retomar la soberanía energética para garantizar el acceso a la electricidad como un derecho humano, con un enfoque de justicia social y al menor costo posible para la población. Se busca construir un sistema energético más equitativo, eficiente y sostenible, que priorice el bienestar social por encima del lucro privado.
La reforma energética representa un cambio de paradigma en la política energética mexicana, con el objetivo de garantizar que la energía sea un derecho fundamental para todos, y no un privilegio para unos pocos. La iniciativa ha generado debate en el país, con algunos sectores defendiendo la iniciativa como una medida necesaria para garantizar la seguridad energética y la justicia social, mientras que otros la critican por considerar que podría afectar la inversión privada y la competitividad del sector energético.
La reforma, aún en proceso de discusión y aprobación, representa un hito en la historia energética de México, con el objetivo de construir un futuro energético más justo y equitativo para todos.
